| 8 min | David Martín

hagan juego señores

Hace escasos quince días, nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado, dio otra “alegría” a las empresas al vaticinar que va a reformar la tipología de los despidos para que no les salgan “rentables”. Y, me pregunto yo, ¿cuándo lo han sido?

La extinción de una relación laboral, que nunca es plato de buen gusto, no solo tiene el coste económico de la indemnización por despido para la empresa, sino que a esto hay que sumarle el “tiempo, dinero y categoría” que esta haya invertido en la selección, formación y desarrollo de la persona en cuestión, aparte del coste emocional que produce en toda compañía que se precie el tener que afrontar una decisión de tal calibre.

La ministra Díaz habló también de personalizar la indemnización por despido basándose en las circunstancias de los trabajadores. Esto no deja de ser una indemnización “a la carta” que puede suponer un tiro en el pie, ya que si este resarcimiento del daño que produce un despido se individualiza (en función de la edad del trabajador, su antigüedad, si tiene o no cargas familiares, o las dificultades que pueda presentar un perfil determinado para encontrar trabajo), las empresas que están por venir se lo pensarán dos veces ante este panorama de inseguridad jurídica. Coyuntura en la que no podrán ni siquiera cuantificar el peor de los escenarios que les podría acontecer. Y eso siempre que la inseguridad no se traslade también al escenario político, con las consecuencias que pueda tener la "reflexión" de Sánchez.

Por lo que, y todos los pasos así lo indican, parece que al final se puede producir una reforma del despido en España aprovechando que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) “pasa por Valladolid”. No olvidemos, eso sí, que la misma recomendación que hace ahora esté órgano a España —respecto de que nuestra indemnización por despido improcedente no es reparadora del daño que se produce al trabajador ni cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea— ya fue desoída en su día por Finlandia, Italia y Francia… y “no se ha muerto nadie”.

En mi opinión, si de lo que se trata es de encarecer el despido por voluntad política, que lo encarezcan, pero que no nos vendan “la moto” de que es por imposición de Europa, ya que aparte de que la recomendación del CEDS no es vinculante, nada dice este comité al respecto del carácter disuasorio del despido en España o de que las empresas ya no puedan justificar un despido por el descenso o previsión de caída de beneficios como causa objetiva, elementos nuevos que ahora nos pone encima del tablero la responsable de la cartera de Trabajo. Háganlo, eso sí, con criterios objetivos que ofrezcan seguridad jurídica a las empresas para que sepan a qué atenerse a la hora de tomar sus decisiones estratégicas, ya que de otra forma estaríamos restándole competitividad tanto a estas como a los propios trabajadores.

Y, ya puestos, si no puedes con ellos…únete. Tal vez le interese, señora Ministra, la solución que propone Addit ante este irremediable encarecimiento del despido: Una vez pasado el periodo de prueba del trabajador —que para eso está— se podría garantizar una indemnización mínima de dos meses de salario por despido sin causa independientemente de la fecha de alta del trabajador (en Italia son seis), logrando así un mayor resarcimiento en las extinciones de contratos para los trabajadores de menor antigüedad, y mantener para el resto de los casos, la indemnización por despido improcedente en 33 días por año, aumentando, eso sí, los topes máximos de 24 mensualidades a 30; aquí cabe recordar que antes de Rajoy eran 42, y así cumpliríamos con Europa, con la OIT, y con el mismísimo sursuncorda. Y lo más importante: las reglas del juego se conocerían antes de empezar la partida y serían las mismas para todos.