| 8 min | David Martín
El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para la tramitación urgente del nuevo Real Decreto sobre el registro de jornada digital, en modo “supositorio”, ya que, al carecer del trámite de consulta pública, impide que las empresas conozcan con antelación las reglas del juego que afectarán a su organización interna y a sus costes. Y sin hablar ya del reto, no solo tecnológico, sino también económico, que esta medida supone para nuestras pymes y microempresas, que —no lo olvidemos— representan el 95 % de las empresas españolas.
¿Tanta prisa corría para convertirlo en un trámite urgentísimo, sin apenas margen de maniobra para ajustar la norma a la realidad de nuestro tejido productivo? ¿No hay realidades más apremiantes que atajar, que afectan a la cartera de nuestra ministra de Trabajo y que están desangrando día a día a nuestras empresas? Como el hecho de que 1,5 millones de trabajadores faltan cada día a su puesto de trabajo, el 20 % de ellos sin baja médica, siendo el coste agregado del absentismo, según la Fundación Civismo, de 45.000 millones de euros anuales, lo cual ha supuesto un incremento del 62 % respecto a 2019, año —por cierto— desde el que está en vigor la obligatoriedad de llevar un registro de jornada en las empresas.
Esta sangría que supone el absentismo laboral afecta en mayor medida a las pymes y a los autónomos con trabajadores que a las grandes corporaciones, ya que cada baja puede implicar, en las primeras, un coste anual superior a 2.000 euros por cada empleado que no acude al trabajo, aparte del pago de horas extraordinarias, de contratar temporalmente o redistribuir tareas, con la consiguiente pérdida de eficiencia y productividad. A ello se suman los costes ocultos provocados por la imprevisibilidad de las ausencias, que muchas veces lastran más que los costes directos: retrasos en las entregas, pérdida de clientes o sobrecarga en otros empleados. Pero para esto no hay trámite de urgencia: hay “riñón” del empresario.
Dijo Arnold Henry Glasow que “una de las verdaderas pruebas del liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia”, y yo espero que Yolanda Díaz ejerza como tal y ponga el foco en los verdaderos problemas de nuestro tejido productivo, poniendo el cascabel al gato del absentismo, cascabel que ninguno de sus predecesores se atrevió siquiera a sacar de la caja. Esto sí que es un reto urgente, que se va convirtiendo en emergencia, y no el registro de jornada, el cual viene siendo obligatorio desde hace seis años.
Y es que, muchas veces, nuestros políticos no están a lo importante, sino a lo que vende. Y para muestra, un botón: el pasado jueves, Yolanda Díaz anunció su intención de ampliar el permiso por fallecimiento hasta los diez días, aludiendo a que nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un familiar o de un amigo… Y este último globo sonda (o metedura de pata) sería lo más preocupante, ya que, ¿cómo se puede justificar la amistad a la hora de solicitar un permiso retribuido? Pero esto lo dejaré para otra columna, porque, de llevarse a cabo, promete tardes de gloria, pudiendo dar lugar a situaciones propias de películas de Berlanga…
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