| 6 min | David Martín

Chivato no paga plato

Chivato no Paga Plato

Quien no haya visto ‘La ley del silencio’ que no siga leyendo. En este largometraje de Elia Kazan que se llevó ocho de las doce estatuillas de los Oscar en 1954, Marlon Brando encarna al joven Terry Malloy, en un relato que gira alrededor del conflicto moral que supone delatar, ambientado en los conflictos laborales imperantes en el colectivo de los estibadores del puerto de Nueva York.


Con 14 meses de retraso, y salvados por la campana ya que éramos uno de los 8 países que no habíamos cumplido a este respecto con los plazos marcados por la Comisión Europea, hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Whistleblowing para la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Esta norma publicada en el BOE el pasado 21 de febrero, regula los comúnmente llamados canales de denuncia, ahora de información, como instrumentos a disposición de los Terry Malloy para que, en un contexto laboral o profesional, puedan informar sobre posibles infracciones normativas o irregularidades que puedan estar ocurriendo en el seno de la empresa o entidad.

El otro objetivo de esta Directiva es proteger a los que Kazan tildaría de soplones (informantes, según la nueva norma), huyendo así de las connotaciones que el término denunciante ponía de manifiesto en el texto precedente de la misma. Esta protección evita represalias contra los informantes, que en el ámbito laboral pueden conllevar desde la no renovación de su contrato de trabajo a la discriminación o el despido.

Vaya por delante que estoy totalmente alineado con que las empresas y entidades públicas estén obligadas a contar con estos canales internos de información y protección a los informantes. Pero, una vez más, las prisas no son para quien las mete, sino para las medianas empresas, que no habiendo pasado ni un año desde que implementaron los necesarios planes de igualdad, les resta en el mejor de los casos, (porque en el peor es hasta el 13 de junio) 9 meses para que éstas implanten estos canales, so pena de multa por la Autoridad Independiente de Protección del Informante que, aviso a navegantes, considera infracción muy grave el no disponer de estos sistemas internos de información, multa que podría conllevar muchos «ceros» y la prohibición de subvenciones, ayudas y contratos públicos.

Todo sea para que los abusones de las empresas no se salgan con la suya, para que los chivatos ya no paguen el plato, y para que las Leyes del Silencio que a veces imperan en las organizaciones se despeñen cual castillo de naipes en favor del buen gobierno.