| 8 min | David Martín
Se conoce como "el apretón del vago" al comportamiento típico del mal estudiante: aquel que no se aplica durante el curso y pretende aprobar dándose un atracón de estudio a última hora.
Y precisamente eso parece haber ocurrido. El pasado 30 de julio, cuando los letrados ya estábamos preparando las maletas para las vacaciones, el Gobierno aprobó en tiempo de descuento el Real Decreto-ley 9/2025, intentando matar dos pájaros de un tiro: que la ampliación en dos semanas del permiso por nacimiento contara también como permiso parental retribuido, con el objetivo de sortear la multa de la Comisión Europea por no haber transpuesto a tiempo la Directiva sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores, cuyo incumplimiento venimos arrastrando desde 2022. Y como si del Delorean de Marty McFly se tratara, el Real Decreto se publicó con efectos retroactivos desde el 2 de agosto de 2024, es decir, un año antes de su aprobación. Esa era, en realidad, la fecha límite para cumplir con el mandato europeo, que una vez más hemos ignorado hasta el último momento.
Este nuevo parche normativo, típico de ese “sofrito legislativo” al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo, no es más que una forma de intentar evitar sanciones por el reiterado incumplimiento de la Directiva 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.
¿El resultado? Un documento que genera más dudas que certezas sobre el permiso parenta, y que no ha “colado”, porque la "policía" —que no es tonta— se pronunció el 1 de agosto: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha impuesto una sanción de 6.832.000 euros, más una multa diaria de 19.700 euros hasta que se complete correctamente la transposición de la Directiva. A eso, por supuesto, hay que sumar las costas.
Y uno se pregunta: ¿para este viaje, necesitábamos alforjas?
Desde mi punto de vista, seguimos incumpliendo lo exigido por la Directiva, que establece claramente que el permiso parental debe ser retribuido en su totalidad. Lo que ha hecho el legislador español, con este permiso, es un claro ejemplo de “trilerismo jurídico” con la adicción de dos nuevas semanas retribuidas —que no se podrán disfrutar hasta el año 2026— como extensión del permiso por nacimiento, lo cual desvirtúa el espíritu de la norma europea, sin hablar de las resoluciones a este respecto con las que se están descolgando algunos de nuestros tribunales exigiendo la retribución de las 8 semanas del permiso parental.
Yo, sinceramente, tampoco entiendo nada.
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