| 5 min | Joaquín Peralta

estabilidad legislatura y seguridad juridica

Estabilidad legislatura y seguridad Jurídica

Hace unos días, nos encontrábamos con la noticia de que Repsol paralizaba temporalmente inversiones por unos 1.500 millones de euros en España. Los motivos esgrimidos por la compañía para la toma de dicha decisión eran la inestabilidad regulatoria y la presión fiscal.

Si hacemos un poco de memoria, por diciembre del 2022, se publicó en el BOE un impuesto extraordinario a los sectores de la banca y energéticas que regula un gravamen temporal para los ejercicios 2023 y 2024. Tras el anuncio del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, parece que se va a cumplir aquello que decía mi profesor de derecho tributario en la facultad, no hay una medida fiscal temporal.

Es cierto que todo gobierno tiene a su disposición la política fiscal, entendiendo ésta como todas las medidas que se pueden adoptar para recaudar impuestos, haciendo uso de los mismos para el sostenimiento del gasto público. Dicho esto, una política fiscal adecuada puede ser un medio para atraer empresas al país, ya que puede ofrecer incentivos fiscales, exenciones o facilidades para la inversión o, por el contrario, puede convertirse en un medio para nada más permanente que puedan confiar en que las ahuyentar futuros desembarcos empresariales, llegando incluso a motivar la fuga de empresas patrias.

Las empresas no sólo exigen una fiscalidad que no sea sangrante para sus cuentas de resultados sino también la estabilidad legislativa, es decir, que una vez se adopta una medida ésta tenga vocación de estabilidad y que no sea objeto de modificación a la vuelta de la esquina. Ni que decir tiene que, unida a la estabilidad, otro factor de vital importancia es mi anhelada seguridad jurídica, siendo, a mi juicio, un elemento esencial para el crecimiento económico y social de un país, ya que garantiza que las personas puedan conocer sus derechos y obligaciones y que normas y las instituciones que los regulan no cambiarán arbitrariamente dependiendo de lo que se le ocurra al gobierno de turno en ese momento.

Resumiendo, si aspiramos a tener un país que atraiga la inversión empresarial, uno de los aspectos claramente a mejorar son la estabilidad legislativa y la seguridad jurídica o, de lo contrario, nos seguiremos encontrando con empresas españolas que cambien su residencia fiscal o que paralicen sus futuras inversiones.