| 7 min | David Martín
¿Se acuerdan del espacio que conducía Isabel Gemio, allá por el año 2002? Aquel magacín en el que un espectador enviaba al programa una carta dirigida a “alguien”, con los motivos más variopintos: una declaración de amor, un arrepentimiento… Pero, más allá del remitente, lo que generaba siempre un gran nerviosismo era saber cómo lo iba a recibir el destinatario, el cual se reuniría con este en el plató de Gemio, ambos separados por un biombo, y que, tras conocer la identidad de la persona que quería ponerse en contacto con él, decidiría si escuchaba el mensaje o no.
Pues algo parecido está ocurriendo con la Inspección de Trabajo y con las más de 37.000 cartas que ha dirigido a empresas donde ha considerado que hay indicios de que las personas con un contrato fijo discontinuo prestan su actividad de forma continuada o cubren necesidades indefinidas con un acuerdo de carácter temporal.
En estas misivas, la Inspección ha concedido a las compañías un plazo de un mes para revisar estos contratos fijos discontinuos y transformarlos en indefinidos ordinarios si creen que deberían hacerlo… Y si no lo creen —que, de hecho, será lo lógico y normal, ya que, caso contrario, ya lo habrían regularizado en su momento—, al terminar este plazo se iniciarían otras actuaciones inspectoras por parte de dicho organismo, como la visita a los centros de trabajo. Pero, en esta ocasión, sin Isabel Gemio, sin biombo y sin que ese “alguien” pueda elegir si “escuchar el mensaje o no”.
Unas comunicaciones, a modo de “susto o muerte”, que son la antesala de los procedimientos sancionadores correspondientes, que ya en el año 2024 supusieron 5.281 sanciones con las que se recaudaron más de 5 millones de euros.
Pero no son solo estas bondades con las que cuenta la “HLF” —herramienta de lucha contra el fraude— de la Inspección de Trabajo, que hace las delicias de los laboralistas cruzando datos del Servicio Público de Empleo, de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social. A partir de la entrada en vigor del registro digital se introducirá otro elemento más de “coctelerIA” laboral con el que este organismo podrá controlar el derecho al descanso de los trabajadores y los límites de su jornada laboral, y entonces ya no se escapará ni “Perry”. Átense los machos porque, “sorpresa, sorpresa”, a este respecto, las “recetas”, que podrán llegar a los 10.000 euros, serán una por cada trabajador donde se detecte una infracción.
Y es que las empresas “lo que necesitan es amor” por parte del Ejecutivo. Pidámosles a los Reyes Magos que, con el registro digital, ocurra lo mismo que con Verifactu y deje, sobre todo a las pymes, un plazo prudencial para adaptarse a este nuevo formato que todos sabemos que ha llegado para quedarse, pero “vísteme despacio, que tengo prisa”.
