| 8 min | David Martín
El pasado 7 de octubre, la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lanzaba un «globo sonda» sobre su intención de reformar el régimen de las incapacidades temporales, conocidas comúnmente como “bajas laborales”, incorporando a este sistema una figura híbrida entre el alta o la baja del trabajador, que se conocería como “baja flexible”. Este comodín permitiría que el trabajador incapacitado para trabajar pudiera prestar sus servicios parcialmente e incorporarse de forma progresiva a su actividad, siempre y cuando esta reincorporación sea voluntaria —“voluntariedad” que no dejará de levantar suspicacias— y bajo supervisión médica, que no es poco.
La ministra Saiz, a la par, anunció la creación de un grupo de trabajo para abordar esta reforma. Y no me malinterpreten, pero alguien me dijo una vez: “si quieres que algo no salga adelante, encomiéndaselo a un grupo de trabajo”. Y las reacciones al respecto no se han hecho esperar: la primera en revolverse ante esta ocurrencia ha sido nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien debería tener presente que, en un país con 1,5 millones de personas que faltan cada día a su trabajo —lo que supone un coste de 17 000 millones de euros al año, más de un 1% de nuestro PIB— “quizás” fuera necesario reformar el régimen de las incapacidades temporales.
Reformar sí, pero no experimentar con el sistema dual que actualmente tenemos. Ya que, si bien es cierto que a primera vista no parece descabellada esta iniciativa orientada inicialmente a colectivos como enfermos de larga duración o trabajadores en pluriactividad, puede provocar situaciones inverosímiles. Por ejemplo, si un paciente no se encuentra apto para el trabajo como consecuencia de una enfermedad o accidente de trabajo, tampoco lo estará para realizar otras actividades. Del mismo modo que tampoco lo estará para desarrollar una jornada a tiempo parcial. Y qué decir de la casuística de los trabajadores en pluriactividad, que pueden estar de baja en una empresa por cuenta ajena percibiendo el 100% de su salario —si así lo estipula el convenio colectivo de aplicación— y prestando a su vez servicios como trabajadores autónomos para otras empresas. Explícale a su empleador que tenga paciencia, que el trabajador se está recuperando mientras presta servicios para otras empresas (aunque sea en otras actividades).
En mi opinión, antes de plantear una medida de este calado —que seguramente no salga adelante sin el refrendo del diálogo social y de otras carteras del Gobierno— sería necesario abrir de una vez por todas el melón del absentismo en este país. Una lacra que se ha incrementado desde la pandemia, cuantificando la Seguridad Social más de 450 bajas al año por cada 1.000 asalariados frente a las 300 de 2019. También sería necesario adoptar medidas, entre otras, dar competencia directa a las Mutuas para controlar los procesos de incapacidad derivada de enfermedad común —ante la saturación de los servicios públicos sanitarios a la hora de gestionar las incapacidades temporales— o darle una vuelta a los complementos y mejoras a las prestaciones de bajas por enfermedad común que se vienen negociando en los convenios colectivos, adaptando el porcentaje a aplicar en función de la gravedad de la enfermedad del trabajador, así como de su evolución temporal. Y, entonces, sí podríamos plantearnos incorporar al régimen de incapacidades temporales figuras como las ya existentes en Alemania, de recuperación paulatina, o en Suecia, de reincorporación por horas. Hasta entonces, los experimentos mejor con gaseosa.
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