| 5 min | David Martín
Vaya por delante que soy fan de Gabriel Rufián —salvando las diferencias ideológicas, eso sí, no me malinterpreten—; me parece uno de los mejores “parlamentarios” que deambulan por la carrera de San Jerónimo. Hace escasamente una semana, se jugaba “un café o una comida” a que no se aprobaría la reducción de la jornada a las 37,5 horas, ya que los intereses de Junts no pasan precisamente por ahí. Y yo estoy con él, o por lo menos, en que no se aprobará “a cuchillo”, como pretende nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Manda huevos” —expresión también escuchada en su día en el Congreso— que Puigdemont sea nuestra última bala para poner un poco de cordura en este dislate.
En un país en el que el 99% de las empresas son pymes, responsables del 75% del empleo, implementar a las bravas una jornada máxima de 37,5 horas en cómputo anual podría suponerles un coste estimado de 48.000 millones de euros. En un tejido empresarial donde la hostelería tiene 8.500 vacantes sin cubrir, y el comercio hasta 13.000, el daño que esta medida puede causar en sectores que ya no encuentran capital humano para cubrir sus plantillas puede ser irreparable. En algunos casos, la reducción equivaldría a 12 días menos de trabajo al año.
Además, una reducción de la jornada “sin pomada” no sólo impactaría directamente en las empresas, sino también en la vida de los ciudadanos de a pie. Porque no se confundan: los “paganinis” van a ser los de siempre. ¿O acaso creen que el precio de la hora de mano de obra de un taller mecánico no se incrementaría como consecuencia de esta medida? Producir lo mismo, al mismo precio y en menos tiempo es, al menos a corto plazo, “casi imposible” para nuestro tejido empresarial. Y por algún lado tiene que salir.
Ya se han planteado alternativas a las “lentejas” de Yolanda Díaz: mantener en vigor los convenios ya negociados durante tres años antes de aplicar el nuevo límite; permitir bolsas de horas en épocas de picos de producción; o ampliar el límite actual de horas extraordinarias no compensadas, fijado en 80 al año. Pero el Gobierno se ha cerrado en banda ante esto último, ignorando que limitar la realización de estas horas extras —que, no olvidemos, son voluntarias para el trabajador— no hace más que propiciar la pluriactividad y el pluriempleo “incontrolados”. Porque hay personas que, por sus circunstancias personales o familiares, no llegan a fin de mes con el salario base de convenio.
Me pesa el ser liberal, pero no puedo sino pedir a los de “arriba” que dejen trabajar a la negociación colectiva y que permitan trabajar más al que quiera hacerlo. Verán cómo, en un plazo razonable —no de hoy para mañana porque interese políticamente—, la reducción de la jornada laboral se convierte en una realidad. Una realidad construida desde la flexibilidad en las relaciones laborales, que redundará en mayor competitividad para nuestras empresas, y que conseguirá, esta vez sí, que esta ronda no la paguen los de siempre.
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