| 8 min | David Martín
Esto es lo que le ha pasado a Yolanda Diaz, nuestra ministra de Trabajo, que ha tenido que envainársela y enterrar, por las presiones de sus compañeros de gobierno, el ultimátum emitido el pasado 1 de julio a la patronal. Y retomar, o mejor dicho iniciar, la negociación con esta otra parte del diálogo social, ofreciendo a CEOE y Cepyme algo tan obvio como periodos transitorios y excepciones en lo concerniente a la implantación de la medida estrella de reducción de la jornada laboral, así como poner encima del tablero la flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo, y volverle a hincarle el diente a la distribución irregular de la jornada, que tan buenos resultados puede dar en sectores como hostelería y agricultura.
Y es que es “de cajón de madera de pino” que se nos iba a atragantar, en un país cuya duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales en cómputo anual (la cual según la jurisprudencia puede suponer hasta 1826 horas de trabajo efectivo al año), el implantar de manera unilateral una jornada máxima de 37,5 horas semanales. Es decir, 1712 horas de trabajo efectivo al año.
Rectificar es de sabios, y más aún a la hora de abrir un melón que no se “calaba” desde hace cuarenta años, cuando la jornada laboral máxima pasó de 43 a 40 horas semanales. Una medida que va a afectar a catorce millones de personas, es decir el 67 % de los ocupados que trabajan más de estas 37,5 horas.
Pero no se echen las manos a la cabeza, o sí, porque estamos hablando de jornadas máximas anuales, en un marco legislativo que ha ofrecido una enorme flexibilidad a la negociación colectiva para llevar estas “a la arena”. Tal es así, que la media de jornada laboral acordada en los convenios colectivos sectoriales es de 1740 horas anuales, oscilando ésta entre las 37 y 38 horas semanales de jornada. Y esto sí que es un traje a medida, el permitir que sean los convenios y la negociación colectiva los que regulen las jornadas de trabajo según la casuística de cada sector o empresa. Algo que en algunos casos como la industria costará menos y en otros como el comercio será un poco más traumático.
Al igual que en la última reunión del pasado 17 de julio se dieron cuenta del lugar en el que podría quedar la famosa desconexión digital ―que tanto nos ha costado instaurar dentro de la cultura de las empresas― resulta imperativo analizar ahora (si implantamos la reducción de jornada en modo “elefante en cacharrería”) los posibles “daños colaterales” de la reducción de la jornada laboral en las empresas: como el efecto de negociación al alza de los salarios que se puede producir en las empresas por arrastre con las reducciones de jornada del resto de los trabajadores con mantenimiento retributivo, y el aumento de las horas extras pactadas y de las vacaciones retribuidas (que no disfrutadas) para cumplir con la nueva cuantificación de la jornada. Cuestiones todas ella que en ningún caso son moco de pavo.
Y un último dato para aquellos que piensen que la reducción de la jornada laboral va a desbancar a España de la cabeza del ranking de países de la Unión Europea con mayor tasa de paro: en el primer trimestre del 2024 hay 150.000 vacantes sin cubrir en España (80.000 en el año 2013), que le cuestan 8150 millones al PIB español. Juzguen ustedes mismos, pero la falta creciente de mano de obra se agravará en un futuro no muy lejano por la jubilación de la generación del “baby boom”, el envejecimiento demográfico de nuestro país, la fuga de talento al exterior, y los desajustes entre la oferta formativa y la demanda de puestos de las empresas. Un caldo de cultivo nada halagüeño para la competitividad de nuestras empresas, que precisamente lo que necesitan no son corsés, sino flexibilidad y trajes a medida para cada actividad y sector.
“Aviso a navegantes” del diálogo social para la próxima entrega de este serial el 29 de julio.
```